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¿Puede el residente de obra asumir dos obras en forma paralela en la misma municipalidad o en municipalidades distintas?

De ninguna manera dado que, cualquiera que sea la modalidad de ejecución de la obra, los residentes están impedidos de asumir dos obras en forma paralela.  
En las obras ejecutadas bajo la modalidad de contrata señala que en toda obra se contará de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra. Lo que impediría bajo esta modalidad de contratación que un residente pueda asumir dos obras de manera paralela.
En el segundo caso, la ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa, un mismo profesional está impedido de percibir dos remuneraciones del estado lo que limitaría que pueda ser residente de obra en una misma municipalidad o en municipalidades distintas. La Ley de Bases de la Carrera Administrativa señala que "Es incompatible, asimismo, la percepción simultánea de remuneraciones y pensión por servicios prestados al Estado".
Base Legal:
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Los últimos serán los primeros, ¿se volverá a repetir esta consigna?

En los distintos procesos electorales tanto para gobierno central, gobiernos regionales y locales no siempre los que estuvieron primeros en las encuestas ganaron, por lo tanto, ¿los últimos serán los primeros? En una entrevista pasada a Lourdes Flores le preguntaron si le incomodaba que PPK, su candidato, tuviera solo el 5%. Su respuesta sorprendió hasta al mismo reportero, dijo que se alegraba mucho porque ella siempre empezó primera y nunca llegó a la segunda vuelta. Parece que, esta vez, la acertó. PPK con 14%, según Ipsos-Apoyo a un 8% del primero. Empata con Castañeda el cuarto lugar, pero, a diferencia de éste, que viene cayendo, PPK se dispara. ¿Qué hizo bien? ¿Qué hicieron mal los otros? ¿Podrá trepar otro 8% en los próximos 19 días y colocarse en la segunda vuelta?
            De igual manera, Ollanta Humala viene creciendo aunque a un ritmo más constante, partiendo a mediados de enero con 10% y llegando hoy hasta un 17% estando en un expectante tercer lugar, desplazando al cuarto puesto a Castañeda, quien estuvo en aquellos tiempos puntero (diciembre). ¿Qué está haciendo bien Ollanta?
            La estrategia de PPK consiste en aparecerse en las redes sociales para captar a los jóvenes por la gran cantidad de electores que se tiene en este grupo, para fortalecer este conjunto tiene como aliado a un gran motivador de jóvenes Miguel Ángel Cornejo, además de estar cercano a la gente, desaparecer al tecnócrata y presentar al “tío gringo”, buena gente, que viene con historietas de progreso, porque él ‘sabe’ y es más criollo que el cebiche. Si no, miren a PPK hablando de ‘choros’, y de ‘chamba’. Nada de planes económicos muy liberales ni promesas revolucionarias en materia laboral y tributaria. Lo mismo puede decirse de Humala, que es el mismísimo producto del 2006 pero con un marketing completamente distinto. Nada de polos rojos y nacionalismos xenofóbicos, Chávez desaparecido, los padres no habidos y Nadine cuidando a los niños. Nada de estatizaciones, violaciones contractuales o revoluciones tributarias. Hombre fuerte, pero no militar psicópata violador de derechos humanos. Buenos modales, tolerancia infinita frente a la cámara, ya no amenaza ni se irrita con los periodistas. Les está resultando a los dos.
            Toledo va mal y su gente lo sabe. Pisaron el palito en la bronca con PPK, promoviéndole innecesariamente, y él supo aprovechar su nuevo papel de criollo con esquina. Los toledistas temen que lo que suba PPK sea a costa de Toledo, por lo que creen que frenar su subida es impedir la bajada de su líder. No les está resultando. Toledo va bajando consistentemente, a pesar de tener liderazgo hasta hoy.
            Keiko no se mueve. Ni para arriba, ni para abajo. Con cédula obtiene 21% vs el 19% que logra con entrevistas. Hay un voto oculto de 3% que la favorece, pero no está segura tampoco en su segundo lugar, aunque podría pasar a segunda vuelta con Humala, y el vaticinio de Mario Vargas Llosa de escoger entre el cáncer y el sida, puede cumplirse. Es perfectamente posible que Toledo siga bajando pero a PPK no le alcance el tiempo y ambos queden tercero y cuarto, respectivamente.
            Castañeda sigue cuesta abajo. Los serios errores de su campaña, quedan para otro análisis, lo tienen casi fuera. La pregunta es ¿quién se lleva sus votos? ¿PPK o Toledo? Pareciera que, con la bronca que tiene con Toledo, se los lleve PPK. Y ahí podría cumplirse el que parecía el improbable pronóstico de Julio Cotler: Toledo y PPK en segunda vuelta.
            Finalmente, las semanas que faltan son también una carrera de resistencia económica. Calculo que se requiere un millón de dólares por semana para llegar a la segunda vuelta. ¿Quién tendrá el financiamiento para lograrlo?
Publicado en diario los: Andes
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Gobiernos locales y descentralización en salud

En muchas de las campañas electorales para los gobiernos locales varias agrupaciones políticas con intenciones de ocupar el sillón municipal tanto de las municipalidades provinciales y distritales, en sus respectivas propuestas a favor de la población plantean un tema importante; la salud pública, el propósito de este artículo es poner en tapete hasta donde tienen las municipalidades funciones y responsabilidades en esta cuestión.
            En el actual reforma el marco normativo le ha asignado a las municipalidades, entre otras, competencias y funciones en saneamiento, entendido como un conjunto de acciones de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad y que compre el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación; en salubridad entendida como el conjunto de condiciones sanitarias idóneas y en salud; entendida como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades y en armonía con el medio ambiente.
            Este tema plantea varias interrogantes no resueltas: ¿Cuál debe ser el rol de los gobiernos locales en salud?, ¿Cuál es su papel en la gestión y administración de los servicios públicos de salud?, ¿Cuáles son los arreglos institucionales que deben darse entre nivel nacional, regional y local para garantizar una adecuada provisión de servicios de salud?
            Descentralización en salud; la revisión del proceso indica que, a diferencia de los demás sectores, el sector salud desarrolló un proceso concertado con los gobiernos regionales a nivel nacional para la elaboración del mapa de distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno desagregadas en facultades y de los planes de mediano y planes anuales, así como para establecer requisitos específicos por cada función a ser transferida. Este proceso fue realizado de manera consensuada a través de un proceso técnico preparatorio, un proceso consultivo y finalmente un proceso de síntesis que concluyó la transferencia de funciones a los gobiernos regionales luego de un proceso de acreditación.
            En este mismo sentido se promulga el Decreto Supremo 077-2006-PCM que inicia el proceso de descentralización en salud a los gobiernos locales, vinculado a la gestión de la atención primaria de salud y en un esquema de proyectos pilotos, que a diferencia del proceso de descentralización en educación ha permitido establecer consensos y acuerdos entre aquellos gobiernos regionales y gobiernos locales que han logrado algún grado de desarrollo en este proceso; Lambayeque, La Libertad, San Martín, Cajamarca, Apurímac.
            Gobiernos locales y descentralización en salud; por definición los gobiernos locales son las entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediato de participación vecinal en asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes localidades.
             Tienen el mandato legal para ejercer la coordinación local en concordancia en la Ley de Bases de la Descentralización que dice literalmente: “El gobierno más cercano  a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función”. Además, tiene el mandato legal de representar a la población. La ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo IV-Finalidad del Título Preliminar dice literalmente: “Los gobiernos locales representan el vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.”
            El Proceso de descentralización en salud a los gobiernos locales se inicia con el Decreto Supremo 077-2006-PCM indicando la transferencia de la gestión de la atención primaria de salud. El ministerio de Salud la ha definido como el proceso que incorpora las funciones relacionadas a la planificación, programación, supervisión y evaluación de las intervenciones de los servicios públicos de salud del primer nivel (centro y puestos de salud).
            En la actualidad los resultados en este proceso son muy limitados, contándose con cinco pilotos a nivel nacional. En ese sentido la descentralización local no se ha consolidado como una política pública lo que requiere incorporar en la agenda pública este tema e incorporar de manera más activa a los gobiernos locales en esta discusión.
Públicado en diario: Los Andes
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Municipalización de la educación, una alternativa de solución o un objetivo político

El 22 de Octubre, el diario nacional El Peruano publicó el Decreto Supremo 022-2010-ED, donde se establece ampliar la Municipalización de la Educación a 606 municipios distritales del ámbito de intervención del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres JUNTOS. Dicha norma supone ligereza en su aplicación, ya que significaría la transición a una siguiente etapa del proceso de municipalización, sin haber evaluado, hasta el momento, los resultados que presentó dicho cambio en la educación de nuestro país.
            La Municipalización de la Educación nace en el marco de la descentralización como una vía para mejorar la calidad educativa, como un proceso que consiste en transferir a los gobiernos regionales y locales competencias y funciones que se encuentran concentradas en el sector educación. Dicho proceso se da en nuestro país en el marco de las 20 medidas del “shock descentralista” que anunciara el Presidente de la República Alan García al iniciar su segundo gobierno.
            Según se establece este proceso debiera ser implementado de manera progresiva y gradual en sus tres etapas. La primera viene a ser el Plan Piloto, que se implementó desde el 2007 hasta el 2008, como segunda fase viene el proceso de expansión desde el año 2009 al 2010 y como etapa final se contempla la fase de generalización a partir del 2011.
            De acuerdo a lo mencionado, este año correspondería finalizar la etapa de la expansión. Lo real es que pese a haberse realizado la transferencia de funciones y competencias en materia de educación a nivel regional y local, de algunas funciones y competencias sobre todo de aquellas que corresponden al nivel administrativo, podemos concluir que seguimos en la etapa del Plan Piloto. A tomar en cuenta, es el informe N° 148 “Primera supervisión del Plan de Municipalización de la Gestión Educativa: aportes para su implementación”, la Defensoría del Pueblo, establece recomendaciones y señala la importancia de realizar una evaluación previa a la transición de la siguiente etapa; a pesar de ello, el Decreto Supremo toma como base éste documento. Asimismo, estudios realizados por entidades involucradas en el tema, señalan que aún no están dadas las condiciones para que las municipalidades asuman este nuevo reto.
            Desde la implementación del Plan Piloto se evidenciaron errores considerables; como por ejemplo, la ausencia de un estudio previo para establecer tipologías de municipalidades; ausencia de criterio sobre la heterogeneidad para la transferencia de recursos; no hubo clarificación de las funciones y competencias que conciernen a cada nivel de gobierno; el proceso fue implementado de manera inconsulta con los gobiernos subnacionales; aún no se cuenta con el Fondo de Compensación Municipal a la Gestión Educativa – FONCOMUNGE; entre otros desaciertos, que deben ser previamente superados antes de ampliar el proceso a más municipalidades, como se pretende hacer a través de la norma legal.
            Logros vislumbrados en el camino, en algunos distritos urbanos y rurales, las municipalidades han trabajado proyectos anticipándose al proceso de municipalización de la educación –bajo diferentes modalidades- con resultados satisfactorios. Por eso es preciso señalar que dichos casos son producto de iniciativa, esfuerzo e inversión brindada por los gobiernos locales en el tema educativo bajo un modelo concordante a su realidad.
            Así tenemos la experiencia de la Municipalidad Distrital de Acora, que implementó el modelo de gestión educativa intercultural que desarrolla, cuyo objetivo principal es educar en Aymara, idioma cien por ciento predominante en la zona, para permitir el rápido aprendizaje de los alumnos en su lengua materna. Otra experiencia exitosa es la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, en Loreto, que desarrolla un modelo de gestión educativa propio a través de su programa, “Vamos Huahuitos y Huahuitas todos y todas a la Escuela”, que tiene como objetivo principal insertar en la escuela a los niños que han dejado de estudiar por falta de recursos, siendo la municipalidad la encargada de suministrar recursos escolares.
            Esta es una muestra de casos exitosos que se podrían dar a través de la implementación del Plan de la Municipalización de la educación, siempre y cuando se tomen en cuenta criterios mencionados, como hacer una evaluación por cada municipalidad para saber si cuentan con las competencias requeridas y con los recursos económicos y humanos para poder implementar dicho plan adecuadamente. De lo contrario sería totalmente irresponsable otorgarles funciones en materia de educación a estos 606 municipios de zonas con mayor índice de pobreza, además de pensar en extenderlo a otros territorios.
            Si el objetivo es cumplir con este proceso por afán político, sin corregir errores, queda hecha la pregunta ¿Hacia dónde vamos con éste proceso de municipalización?, porque el objetivo principal que es la mejora en la calidad educativa, aún no se ve reflejada en la población escolar de nuestro país.
Publicado en diario: Los Andes
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Una corrección a las remuneraciones de alcaldes y regidores

Estamos a pocas semanas en donde las nuevas autoridades; alcaldes y regidores asumieron un nuevo periodo de gestión municipal, es el mejor momento para rectificar normas completamente irreales y anti-técnicas. Nos referimos a las remuneraciones actualmente percibidas en el periodo 2007-2010.
            Mediante el Decreto Supremo N° 025-2007-PCM (23.03.2007) se fijaron los topes a los ingresos por todo concepto de los Alcaldes en base a lo establecido por la Ley N° 28212 que desarrolla el artículo 39° de la Constitución Política en lo que se refiere a la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado y se fijaron rangos de niveles de remuneraciones en función de la población electoral de los Gobiernos Locales, dentro de cuyos términos los Concejos Municipales fijan remuneración mensual de sus alcaldes.
            En dicha norma además se dispuso que: “las dietas que correspondan percibir a los regidores municipales, de acuerdo al monto fijado por los respectivos Concejos Municipales, por sesión efectiva en cada mes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, en ningún caso pueden superar en total el treinta por ciento (30%) de los ingresos mensuales por todo concepto del Alcalde correspondiente”
            Es importante explicar que en una municipalidad el Alcalde es, en el rango de las jerarquías de la estructura municipal, el funcionario que percibe la más alta remuneración. Es decir, el Gerente Municipal y los demás funcionarios de inferior rango perciben remuneraciones menores. Es este el gran problema, y lo es para la gran mayoría de municipalidades, principalmente de las zonas rurales del país.
            En el periodo 2007-2010, de acuerdo con esos topes se publicó un listado general de los ingresos máximos mensuales de los alcaldes de todo el Perú, el cual hemos agrupado de acuerdo al sueldo del alcalde y la cantidad de municipalidades que hay por cada rango. En el grupo más pobre están un total de 653 municipalidades que representan el 35.6% de las municipalidades del país, en éstas, sus alcaldes perciben una remuneración menor a S/. 1,821 y los Regidores de esos concejos municipales que son 3,265, cobran menos de  S/. 547 mensuales por concepto de dietas. En este grupo, a su vez, tenemos 151 alcaldes que perciben como remuneración S/. 1,040 que sujeto a los descuentos de Ley, son S/. 904.80 netos recibidos, los 755 Regidores que hay en estas municipalidades tienen una dieta mensual de tan solo S/. 312.
            Tenemos un segundo grupo de municipalidades con sueldos para sus alcaldes desde S/. 2,028 hasta S/. 3,042, son 887 municipalidades, es decir el 47.8% de las municipalidades de nuestro país. Los regidores en este grupo perciben de S/. 608 hasta S/. 913.00. En un tercer grupo tenemos alcaldes con sueldos desde S/. 3,250 hasta S/. 5,070, son 222 municipalidades, representan el 12.10% de las municipalidades del Perú. Los regidores de este grupo perciben de S/. 975 hasta S/. 1,521. En el cuarto grupo están los 82 municipalidades que cuentan con mejores condiciones salariales, con sueldos para sus alcaldes desde S/. 5,200 hasta S/. 11,050 y dietas para sus regidores de S/. 1,560 hasta S/. 3,315 y terminamos con Lima Metropolitana donde se tiene un sueldo de S/. 14, 300 y los regidores tienen una dieta de S/. 4,290.00.
            Esta estructura salarial municipal, con más énfasis en el primer y segundo grupo, es decir, el 83.42% de las municipalidades de todo el país, está totalmente enfrentada al discurso de un país en crecimiento, de bonanza, de enormes perspectivas para el futuro inmediato. ¿Cómo se le puede exigir a un regidor producción, dentro de los alcances de sus competencias: normativas y fiscalizadoras?, allí una de las razones fundamentales por las que su presencia como parte del Órgano de Gobierno de las Municipalidades, deviene en solamente asistencia a las sesiones de concejo cuatro veces al mes y sin mayores aportes. En el ámbito rural, podemos afirmar que no existe aporte normativo porque no se incentiva el ejercicio pleno y decoroso del encargado emanado por el voto popular con una dieta razonable.
            Esta irreal situación salarial la podemos ver con dos ejemplos: en la Municipalidad Distrital de Echarate, el alcalde percibe una remuneración  de S/. 3,900.00 mensuales, neto de descuentos llega a S/. 3,393.00 y ésta es la municipalidad más rica en recursos del país, administra aproximadamente 185 millones de nuevos soles anuales. En la Municipalidad Distrital de San Marcos, el sueldo del alcalde es S/. 2,600.00, neto de descuentos llega a S/. 2,262.00 y administra 108 millones de soles al año. Estos desequilibrios son inauditos, no guardan ninguna relación directa con la responsabilidad que tienen para administrar esa tremenda cantidad de riquezas. En Echarate los regidores perciben S/. 1,170.00 y en San Marcos S/. 780.00.
            Por lo visto, resulta cuestionable continuar con un criterio para fijar las remuneraciones basado en la “población electoral” sin considerar el parámetro de los recursos que administran las municipalidades. Resulta técnicamente erróneo y además un gravísimo peligro pagar esos magros salarios frente a tamañas responsabilidades porque son factores preponderantes de la comisión de actos indebidos. Frente a esto es bueno plantearse algunas preguntas, ¿Cómo hacen más de mil alcaldes del Perú para tener Gerentes Municipales, Gerentes de Obras y otros funcionarios con sueldos de menos de S/. 2,000 mensuales?.
            Una respuesta inmediata es que no van a encontraran ningún profesional de primer nivel, ni siquiera de mediano calificativo que vaya a esas municipalidades por esos salarios, por lo que los alcaldes tienen dos alternativas; 1) emplear a gente incompetente, desempleada, sin ninguna clase de experiencia u 2) ofrecer “beneficios adicionales” a la remuneración ofrecida. ¿Qué son los “beneficios adicionales” a la remuneración ofrecida?, son extras: consultorías, formulación de expedientes, perfiles, supervisiones, residencias, liquidaciones, etcétera. Es decir, servicios adicionales brindados a la entidad contratados con la ayuda de terceros para financiar un “plus” a la remuneración del profesional. ¿Es legal hacer eso?, ¿Está bien eso?, desde luego que no, pero entonces ofrézcanle una salida a esos alcaldes. Lo más sensato es corregir inmediatamente este gravísimo error y empecemos a pagarles bien a los profesionales para también poder exigir eficiencia que es lo que está haciendo falta.
            Pagar más, no debe de entenderse como “gastar más”, sino como “gastar mejor”, es decir, si se paga mal, los resultados son: ineficienciae, incapacidad de gasto, servicios públicos en mal estado, en cambio, si se paga bien, se puede lograr la ejecución plena del presupuesto, más eficiencia, el cumplimiento de los roles y competencias se pueden realizar con mayor cabalidad, lo cual si guardaría perfecta armonía con la incorporación de la evaluación de presupuesto por resultados, la productividad en el empleo público y los planes de modernización municipal.
Públicado en diario los Andes, Domingo 06 de Febrero del 2011
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Modificaciones en el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

Las modificaciones presupuestarias que requieren acuerdo de concejo son las referidas a: i) endeudamiento, ii) recursos ordinarios. Las demás modificaciones de hacen mediante resolución de alcaldía.
Existen dos tipos de modificaciones presupuestarias:
Modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional 
Los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante Ley:
a) Los Créditos Suplementarios, constituyen incrementos en los créditos presupuestarios autorizados, provenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público; y ,
b) Las Transferencias de Partidas, constituyen traslados de créditos presupuestarios entre pliegos.
En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los Créditos Suplementarios de los fondos públicos administrados por dichos niveles de gobierno se aprueban por Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal según sea el caso.
Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático
Son modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones  y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal:
a) Las Anulaciones constituyen la supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de actividades o proyectos.
b) Las Habilitaciones constituyen el incremento de los créditos presupuestarios de actividades y proyectos con cargo a anulaciones de la misma actividad o proyecto, o de otras actividades y proyectos.
Las modificaciones presupuestarías en el nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. El Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano.
En qué casos no es posible realizar modificaciones
Es conveniente conocer en qué casos no es posible hacer modificaciones presupuestarias. Para una mejor explicación tomaremos como base lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2011. Veamos:
Prohibiciones contenidas en la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2011:
  • Están prohibidas las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a la Genérica de Gastos Adquisición de Activos No Financieros, con el objeto de habilitar recursos para la contratación de personas bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
  • La misma restricción es aplicable a las partidas de gasto vinculadas al mantenimiento de infraestructura, las cuales tampoco pueden ser objeto de modificación presupuestaria para habilitar recursos destinados al financiamiento de contratos CAS no vinculados a dicho fin. La Contratación Administrativa de Servicios (CAS) no es aplicable en la ejecución de proyectos de inversión pública.
  • A nivel de Pliego, la Partida de Gasto 2.1.1 “Retribuciones y Complementos en Efectivo” no puede habilitar a otras partidas de gasto ni ser habilitada, salvo las  habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende los siguientes casos:
a) Creación, desactivación, fusión o reestructuración de entidades.
b) Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización.
c) Atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada.
d) Atención de deudas por beneficios sociales y compensación por tiempo de servicios.
e) Las modificaciones en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 31 de enero del año 2011.
Para efectos de la habilitación de la Partida de Gasto 2.1.1 por aplicación de los casos indicados en los literales precedentes, se requiere del informe previo favorable de la Dirección General del Presupuesto Público.
A nivel de Pliego, la Partida de Gasto 2.2.1 “Pensiones” no podrá ser habilitadora, salvo para las habilitaciones que se realicen dentro de la misma partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego presupuestario.
  • Los créditos presupuestarios destinados al pago de las cargas sociales no podrán ser destinados a otras finalidades, bajo responsabilidad.
  • Los recursos públicos asignados en los presupuestos institucionales de las entidades del Gobierno Nacional para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales o los gobiernos locales se transfieren bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional, aprobada mediante decreto supremo refrendado por el ministro del sector correspondiente y el Ministro de Economía y Finanzas, previa suscripción de convenio.
Previamente a la transferencia de recursos, los proyectos de inversión pública deben contar con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Las transferencias de recursos que se efectúen en el marco de la presente disposición solo se autorizan hasta el segundo trimestre del año 2011.
Limitaciones a las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático comprendidas en la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto:
Durante la ejecución del Presupuesto, las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programático se sujetan a las limitaciones siguientes:
a) Los Grupos Genéricos de Gasto podrán ser objeto de anulaciones: si luego de haberse cumplido el fin para el que estuvieron previstos generan saldos; si se suprime la finalidad; si existe un cambio en la prioridad de los objetivos institucionales o si las proyecciones muestran que al cierre del año fiscal arrojen saldos de libre disponibilidad, como consecuencia del cumplimiento o la supresión total o parcial de metas presupuestarias.
b) Los Grupos Genéricos de Gasto podrán ser objeto de habilitaciones si las proyecciones al cierre del año fiscal muestran déficit respecto de las metas programadas o si se incrementan o crean nuevas metas presupuestarias.
c) No se podrán autorizar habilitaciones para gastos corrientes con cargo a anulaciones presupuestarias, vinculadas a gastos de inversión.
Base legal:
Artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, Ley N° 29626.
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Nombre Oficial de los Años Peruanos

La denominación de los años es fijada por la Presidencia del Consejo de Ministros en los primeros días del año
Esta denominación muchas veces obedece a los principios de la política del Gobierno, que hay que incentivar, motivar o impulsar.
La denominación del Año es escogida de todas las propuestas que hacen los Ministerios y deberá ser aprobada por Decreto Supremo y publicada en el diario oficial El Peruano.
Durante el año se consignará dicha frase en los documentos oficiales, también es requisito para la documentación que gestionan las personas naturales y jurídicas, sean de tipo administrativo, judicial y registral, entre otras.
Los poderes públicos, las entidades del Gobierno Central Gobiernos regionales y Gobiernos Locales deberán consignar dicho título como membrete en todos los documentos oficiales.
La denominación del Año se ampara en la Constitución, artículo 118. Inciso 24.
Anteriormente está denominación la hacía el Ministerio de Educación, Según un cronista, el hábito de ponerle nombre a los “años”, se habría iniciado el 7 de diciembre de 1962, cuando el Ministerio de Educación Pública dictó el Decreto Supremo 067 estableciendo que el nonato 1963 sería el Año de la Alfabetización. En la disposición se precisaba que se entendía como analfabeta no solo a la persona sin dominio de la lectura y la escritura, sino también a la que carecía de mínimos conocimientos sobre alimentación, higiene, salud, civismo, habilidades para el trabajo y la recreación, etcétera.
En realidad en el decreto se esbozaba todo un plan de actividades (crear una comisión especial, publicar una enciclopedia popular, formar capacitadores) a cumplir durante los siguientes doce meses.
Hay varios puntos a considerar en el tema de los nombres de cada año. Uno es que varias veces se han repetido los temas (austeridad, educación, turismo), los personajes (Santa Rosa de Lima) y los motivos (sesquicentenarios, natalicios).
Otro aspecto es que no hay una regla clara ni pasos específicos que se hayan seguido a lo largo de casi cuatro décadas para denominar los años. Es así como después del decreto supremo para estrenar la práctica se pasó al consenso legislativo, de tal suerte que fuera a través de leyes como se produjeran los bautizos.
Fue el caso de 1964, Año de la Enseñanza Gratuita, que tuvo su origen en un proyecto conjunto del diputado y reconocido escritor Ciro Alegría Bazán (Acción Popular), el senador David Aguilar Cornejo (Unión Nacional Odriista) y el diputado Miguel López Cano (Apra). Su propuesta pasó por la Comisión de Redacción del Parlamento, se aprobó en ambas cámaras y se promulgó el 3 de marzo de ese mismo año.
Durante el Gobierno militar del general Juan Velasco, los nombres pasaron a ser dictados a través de decretos leyes, primero, y resoluciones supremas, después. Con el retorno de la democracia, volvieron las leyes, con excepción de 1988 en que Alan García prefirió usar la vía de un decreto supremo para el Año de la Regionalización.
Hay dos años en que no hubo nominación y fueron los años 1969 y 1998 , pero también se nominó el año con fechas de atraso, un año la medida fue dictada un 07 de abril de 1970 y fue el Año de los Precursores de la Independencia del Perú, y otro año se dictó el 25 de marzo de 1997 y fue el Año de la Reforestación, pero también se nominó con anticipación y fue en 1971 Año del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, conocido desde el 16 de setiembre de 1969 por el Decreto Ley 17815; e igualmente con la Ley 23675, que nominaba el año 1985 Año del Centenario del Sacrificio de Daniel Alcides Carrión.
Tampoco están definidos los alcances de cada norma. Al comienzo, solo se hacía referencia a que todas las entidades del Estado precederán sus comunicaciones con la inscripción Año de.... Más tarde la imposición se extendía a los textos y los cuadernos escolares y las comunicaciones comerciales, con el añadido de que el nombre debía ir en la parte alta y al centro. Posteriormente se hablaba de la documentación oficial del Gobierno Central y los gobiernos locales, así como las publicaciones destinadas a la comunicación social. Hoy, la referencia única es a todos los documentos oficiales.(Fuente: Biblioteca CID, MTC)
Nombre Oficial de los Años Peruanos
Año
Denominación
2011
Año del Centenario de Machu Picchu
2010
Año de la Consolidación Económica y Social del Perú
2009
Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa
2008
Año de las Cumbres Mundiales en el Perú
2007
Año del Deber Ciudadano
2006
Año de la Consolidación Democrática
2005
Año de la Infraestructura para la Integración
2004
Año del Estado de Derecho y de la Gobernabilidad Democrática
2003
Año de los derechos de la Persona con Discapacidad y del Centenario del Nacimiento de Jorge Basadre Grohmann
2002
Año de la Verdad y la Reconciliación Nacional
2001
Año de la Conmemoración de los 450 Años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
2000
Año de la Lucha contra la Violencia Familiar
1999
Año de la Actividad Turística Interna
1998
[ Sin Nombre ]
1997
Año de la Reforestación: Cien Millones de árboles
1996
Año de los seiscientos mil Turistas
1995
Año de las Inversiones Productivas
1994
Año de la Modernización Educativa y del Deporte
1993
Año de la Modernización Educativa
1992
Año de César Vallejo y del Encuentro de Dos Mundos
1991
Año de la Austeridad y la Planificación Familiar
1990
Año del Centenario del fallecimiento del Sabio Antonio Raimondi
1989
Año del Cuatrocientos Cincuenta Aniversario del Nacimiento del Inca Garcilaso de la Vega
1988
Año de la Regionalización
1987
Año del Bicentenario del Nacimiento de Don José Faustino Sánchez Carrión
1986
Año del Cuatricentenario del Nacimiento de Santa Rosa de Lima
1985
Año del Centenario del Sacrificio de Daniel Alcides Carrión
1984
Año del Bicentenario del Nacimiento del Libertador Simón Bolívar
1983
Año del Bicentenario del Nacimiento del Libertador Simón Bolívar
1982
Año de los Derechos del Minusválido
1981
Año del Bicentenario de la Rebelión Emancipadora de Túpac Amaru y de Micaela Bastidas
1980
Año de los Deberes Ciudadanos
1979
Año de Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico
1978
Año de la Austeridad
1977
Año de la Unión Nacional
1976
Año de la Producción
1975
Año de la Mujer Peruana
1974
Año del Sesquicentenario de Las Batallas de Junín y Ayacucho y de la Convocatoria al Congreso de Panamá
1973
Año de las 200 Millas del Mar Territorial
1972
Año de los Censos Nacionales
1971
Año del Sesquicentenario de la Independencia del Perú
1970
Año de los Precursores de la Independencia
1969
[ Sin Nombre ]
1964
Año de la Enseñanza Gratuita
1963
Años de la Alfabetización

 
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