El 22 de Octubre, el diario nacional El Peruano publicó el Decreto Supremo 022-2010-ED, donde se establece ampliar la Municipalización de la Educación a 606 municipios distritales del ámbito de intervención del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres JUNTOS. Dicha norma supone ligereza en su aplicación, ya que significaría la transición a una siguiente etapa del proceso de municipalización, sin haber evaluado, hasta el momento, los resultados que presentó dicho cambio en la educación de nuestro país.
La Municipalización de la Educación nace en el marco de la descentralización como una vía para mejorar la calidad educativa, como un proceso que consiste en transferir a los gobiernos regionales y locales competencias y funciones que se encuentran concentradas en el sector educación. Dicho proceso se da en nuestro país en el marco de las 20 medidas del “shock descentralista” que anunciara el Presidente de la República Alan García al iniciar su segundo gobierno.
Según se establece este proceso debiera ser implementado de manera progresiva y gradual en sus tres etapas. La primera viene a ser el Plan Piloto, que se implementó desde el 2007 hasta el 2008, como segunda fase viene el proceso de expansión desde el año 2009 al 2010 y como etapa final se contempla la fase de generalización a partir del 2011.
De acuerdo a lo mencionado, este año correspondería finalizar la etapa de la expansión. Lo real es que pese a haberse realizado la transferencia de funciones y competencias en materia de educación a nivel regional y local, de algunas funciones y competencias sobre todo de aquellas que corresponden al nivel administrativo, podemos concluir que seguimos en la etapa del Plan Piloto. A tomar en cuenta, es el informe N° 148 “Primera supervisión del Plan de Municipalización de la Gestión Educativa: aportes para su implementación”, la Defensoría del Pueblo, establece recomendaciones y señala la importancia de realizar una evaluación previa a la transición de la siguiente etapa; a pesar de ello, el Decreto Supremo toma como base éste documento. Asimismo, estudios realizados por entidades involucradas en el tema, señalan que aún no están dadas las condiciones para que las municipalidades asuman este nuevo reto.
Desde la implementación del Plan Piloto se evidenciaron errores considerables; como por ejemplo, la ausencia de un estudio previo para establecer tipologías de municipalidades; ausencia de criterio sobre la heterogeneidad para la transferencia de recursos; no hubo clarificación de las funciones y competencias que conciernen a cada nivel de gobierno; el proceso fue implementado de manera inconsulta con los gobiernos subnacionales; aún no se cuenta con el Fondo de Compensación Municipal a la Gestión Educativa – FONCOMUNGE; entre otros desaciertos, que deben ser previamente superados antes de ampliar el proceso a más municipalidades, como se pretende hacer a través de la norma legal.
Logros vislumbrados en el camino, en algunos distritos urbanos y rurales, las municipalidades han trabajado proyectos anticipándose al proceso de municipalización de la educación –bajo diferentes modalidades- con resultados satisfactorios. Por eso es preciso señalar que dichos casos son producto de iniciativa, esfuerzo e inversión brindada por los gobiernos locales en el tema educativo bajo un modelo concordante a su realidad.
Así tenemos la experiencia de la Municipalidad Distrital de Acora, que implementó el modelo de gestión educativa intercultural que desarrolla, cuyo objetivo principal es educar en Aymara, idioma cien por ciento predominante en la zona, para permitir el rápido aprendizaje de los alumnos en su lengua materna. Otra experiencia exitosa es la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, en Loreto, que desarrolla un modelo de gestión educativa propio a través de su programa, “Vamos Huahuitos y Huahuitas todos y todas a la Escuela”, que tiene como objetivo principal insertar en la escuela a los niños que han dejado de estudiar por falta de recursos, siendo la municipalidad la encargada de suministrar recursos escolares.
Esta es una muestra de casos exitosos que se podrían dar a través de la implementación del Plan de la Municipalización de la educación, siempre y cuando se tomen en cuenta criterios mencionados, como hacer una evaluación por cada municipalidad para saber si cuentan con las competencias requeridas y con los recursos económicos y humanos para poder implementar dicho plan adecuadamente. De lo contrario sería totalmente irresponsable otorgarles funciones en materia de educación a estos 606 municipios de zonas con mayor índice de pobreza, además de pensar en extenderlo a otros territorios.
Si el objetivo es cumplir con este proceso por afán político, sin corregir errores, queda hecha la pregunta ¿Hacia dónde vamos con éste proceso de municipalización?, porque el objetivo principal que es la mejora en la calidad educativa, aún no se ve reflejada en la población escolar de nuestro país.
Publicado en diario: Los Andes
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